Análisis del principio de indemnidad aplicado al funcionario de instituciones penitenciarias

Abstract

El carácter difuso de la regulación y valoración del principio de indemnidad, ha permitido evaluar los daños sufridos por un gran número de empleados públicos con motivo del ejercicio de sus funciones ––en especial, los sectores que ostentan el monopolio legítimo de la fuerza–– desde la perspectiva del funcionamiento administrativo y siempre en términos de anormalidad. Dicho de otro modo, el carácter objetivo que nutre el principio de indemnidad se ha visto opacado por una visión casuística que, haciendo recaer la carga de la prueba en el empleado público, frustra cualquier intento indemnizatorio. Son múltiples los argumentos que inciden en la inexistencia de un título jurídico que permita a las Administraciones materializar el principio de indemnidad, y la necesaria reconducción de las anomalías de un puesto de trabajo por los cauces de la responsabilidad patrimonial, con las dificultades procedimentales que ello implica y el desamparo funcional que sufren los afectados. El objetivo de este estudio es analizar los porqués de esta visión residual y sus consecuencias en uno de los colectivos más afectados por el desempeño de sus puestos de trabajo: los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.