Seguridad Nacional y Transición Digital: Una propuesta metodológica para la construcción de un modelo de análisis

Abstract

El vertiginoso desarrollo de la tecnología que se ha producido en las últimas décadas y la actual interconexión mundial han transformado sustancialmente la sociedad, que, en gran medida, se ha vuelto mucho más dependiente de la tecnología. Este proceso de transformación, que se puede considerar estructural, ha sido aún más acusado en los últimos años. Aznar (2017) plantea que este proceso es imparable. Un cuantioso número de acciones que anteriormente se realizaban en el mundo físico, ahora se llevan a cabo en el entorno virtual. El progreso tecnológico está cambiando la esencia de numerosas actividades sociales y está ampliando el abanico de oportunidades económicas y financieras. Todo ello está contribuyendo indudablemente al progreso de la sociedad y al crecimiento económico. Sin embargo, el actual contexto que ha generado el progreso tecnológico se caracteriza por su complejidad, puesto que para el ciudadano medio es complicado abarcar y comprender todos los elementos asociados a la tecnología, su alcance y sus consecuencias. Esta situación puede ser aprovechada por elementos hostiles que utilicen estrategias híbridas para minar la confianza de la sociedad (Gobierno de España, 2020). En consecuencia, el desarrollo de la tecnología también está alterando el ámbito de la seguridad. Según Hernández (2018) y Quintanal (2015), las amenazas y riesgos tradicionales se han globalizado, puesto que han traspasado los límites de su anterior entorno, delimitado por un perímetro físico. Ahora tienen la capacidad de afectar a cualquier zona geográfica. Las amenazas y riesgos actuales son globales y constituyen un desafío para la sociedad, puesto que se ciernen sobre la seguridad, que es un bien público que ha de ser suministrado por el Estado. Según Varian (1991), los bienes públicos son elementos compartidos por todos los ciudadanos, cuyo consumo es indivisible, y del que no se puede excluir a ninguno. En consecuencia, el Estado es el responsable de la gestión de este bien.