| dc.description.abstract | En el fallo de una sentencia judicial de condena por delito contra la Hacienda Pública, se puede disponer una pena de privación de libertad, una pena pecuniaria y una obligación de pago de la cantidad defraudada. A esta última se la ha venido denominando «responsabilidad civil ex delicto», a pesar de que no es pacífico que ostente tal carácter. En este trabajo se estudian las diligencias de embargo que, al amparo de la disposición adicional décima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, está dictando la Agencia Estatal de la Administración Tributaria –como titular de una potestad vicaria de la que ostentan los tribunales de justicia de hacer ejecutar lo juzgado–, para exigir estas cantidades, distintas de las penas. Para esclarecer las posibilidades de recurso que tiene el destinatario de estas diligencias de embargo, se hace preciso dilucidar cuál es su auténtica naturaleza, más allá de su nomen iuris, y por ello en este estudio se desentraña la difícil cuestión de si son obligaciones tributarias, que nacen ex lege, o si son obligaciones ex damno, que nacen de la sentencia penal; y se ponen sobre la mesa las consecuencias muy relevantes, en cuanto a prescripción de la acción para exigir su pago, que cada tesis conlleva | es |
