La nulidad de los contratos del sector público por causa penal. Propuestas de lege ferenda

Abstract

La importancia económica de la contratación pública en España es indiscutible pues supone entre el 10 y el 20% de su Producto Interior Bruto (PIB) según los años analizados, conforme a los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC)1 . Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante OCDE) el porcentaje es del 11,49%, para la Unión Europea supone el 13,6% del PIB2 y para la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (en adelante OIRESCON)3 en su último informe, supone el 24,87% del total del gasto público. En ese contexto, teniendo además en cuenta el momento de crisis económica posterior a la pandemia del coronavirus, en el que es exigible de los poderes públicos un mayor impulso de la contratación pública, resultan irrenunciables los principios que impone el art. 103 de la Constitución: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho»